¿Por qué en el Perú la mayoría de investigaciones de delitos ambientales terminan archivadas?

Foto: Perú21.

En el Boletín #2 de Alerta Ambiental se explicó cómo un juicio por minería ilegal en Madre de Dios duraría, como mínimo, 4 años y le podría costar al denunciante más de 10 mil soles. Para ver por qué sucede esto y tener una versión del rol que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) cumple en el proceso de justicia ambiental, conversamos con la abogada especializada en derecho ambiental Sarita Castromonte del Consultorio Jurídico Gratuito de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en Loreto.

Quien ve desde fuera el tema de justicia ambiental, ¿qué debe considerar al momento de evaluar el largo tiempo que toma un proceso?

Hay que tener en cuenta que (en Loreto y Madre de Dios) nos encontramos en zonas ricas en recursos naturales, de grandes extensiones de terreno (la mayor cantidad bosques primarios) y donde la comisión de delitos ambientales es frecuente.

También debemos considerar la lejanía de los lugares donde se cometen estos delitos, que muchas veces son zonas de difícil acceso, que demandan varios días de caminata. Y las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) no cuentan con la logística mínima necesaria para trasladarse hasta el lugar de los hechos. Muchas veces el traslado del personal, tanto fiscal como policial, debe ser asumido por el denunciante.

Otros puntos a considerar son la carga laboral de la FEMA, su falta de personal fiscal y administrativo para diligenciar los casos de manera adecuada y también su falta de capacitación.

¿Qué similitudes y diferencias se podría encontrar entre los delitos ambientales que se cometen en Loreto y en Madre de Dios?

Loreto y Madre de Dios son muy parecidos y distintos a la vez. Ambos departamentos se encuentran en la Amazonía, sin embargo la incidencia de comisión de delitos es diferente. En Loreto se presentan más casos de tala y deforestación de bosques, ya sea por blanqueo de madera, agricultores realizando roce y quema de bosques o deforestación para monocultivo; y en poca escala minería ilegal no metálica. A diferencia de Madre de Dios, donde la mayor incidencia de delitos es por minería ilegal aluvial y en menor escala tala y deforestación de bosques.

Un punto a considerar son las distancias entre la ciudad y las zonas donde se ha cometido el delito. En Iquitos las distancias son mucho mayores que en Madre de Dios, una realidad que resulta difícil imaginar tomando como referencia a Lima

Efectivamente, la FEMA de Loreto se encuentra en la ciudad de Iquitos, donde la única forma de acceso y salida es por agua o por aire, ya que se encuentra rodeada por los ríos Nanay, Itaya y Amazonas. Muchas veces los denunciantes y denunciados radican en comunidades o caseríos lejanos a la ciudad y trasladarse resulta muy costoso en trasporte rápido (deslizadores) o toma muchos días en transporte económico (lanchas).

¿Qué tendría que pasar para que la Fiscalía Ambiental agilice sus procesos? ¿Cuáles son los principales obstáculos en la parte de investigación preparatoria? (que es la que demora más tiempo)

Se debería aumentar la cantidad de fiscales ambientales para realizar una distribución equitativa y manejable de la carga laboral. Definitivamente este personal fiscal debe ser especializado. De no ser así, deben ser capacitados debidamente para lograr resultados exitosos ya que la mayoría de casos se queda en (la etapa de) investigación preliminar y se van al archivo por el denominado “criterio fiscal”. Y muchos de ellos (son archivados) por no realizar una diligente investigación preliminar.

El principal obstáculo para formalizar la investigación preparatoria es no haber realizado una investigación preliminar de manera diligente, que es donde se supone que el fiscal debe realizar diligencias urgentes e inaplazables. De otra manera esclarecer los hechos se volvería casi imposible ya que para formalizar la investigación preparatoria el fiscal debe contar con elementos de convicción que le den un mínimo de certeza y convencimiento de que ese caso será exitoso, de lo contrario se manda al archivo. En la investigación preliminar se debe haber identificado a los posibles autores, que es un requisito para formalizar, y se debe haber realizado una inspección fiscal. Pero la falta de logística y lo complicado de la Amazonía hace que estas diligencias demoren más.

Debido a la lejanía de los lugares donde se cometen los delitos ambientales y a la falta de tecnología, porque en la selva no hay señal de celular ni internet, es complicado comprobar la comisión de un delito ya que no se puede identificar a los autores.

¿Por qué tenemos un sistema que demora tanto para investigar y sancionar un delito ambiental? ¿Existe la posibilidad de que estemos aplicando procedimientos que no se adecúan a la realidad y estemos, sin querer, favoreciendo a quien comete el delito?

Definitivamente tenemos un sistema que no se adecúa a la realidad, empezando por el plazo establecido para la investigación preliminar (60 días). Si bien es cierto que este plazo puede ser prorrogable y no debe exceder al de la investigación preparatoria (120 días, prorrogable por 60 días más), en la práctica nos damos cuenta de que es imposible realizar diligencias en ese plazo, principalmente por la falta de logística para trasladarse hasta el lugar de los hechos, que en su mayoría ocurren en lugares alejados. Otro dato es la falta de personal, y sumado a esto la carga laboral y la falta de experiencia de los encargados de los despachos fiscales.

Si bien es cierto que para hacer una denuncia no se requiere identificar al autor, ya que esto será parte de la labor de la fiscalía con ayuda de la policía, en la práctica no sucede así. La mayoría de casos donde el agraviado no identifican al autor terminan archivados por falta de identificación.

Creo que las capacitaciones deberían ser para todos los actores involucrados. La policía también debería contar con personal calificado para realizar las investigaciones, debería estar capacitado en el marco del Nuevo Código Procesal Penal, así como los fiscales e instituciones administrativas que acompañan en la investigación.

En medio de estas evaluaciones, ¿cómo considerar a la variable "corrupción" dentro del proceso de justicia ambiental? ¿En qué medida distorsiona el sistema, lo altera o corrompe?

Esta variable es transversal a todos los actores en una investigación: jueces, fiscales, asistentes de función fiscal y administrativos, instituciones administrativas y policía.

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Boletin #2 Alerta Ambiental